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Ante los recientes sucesos en el Penal de Tacumbú, la Defensoría del Pueblo manifiesta la necesidad imperante de restablecer el control en respuesta a denuncias sobre el involucramiento del establecimiento en actividades delictivas de la organización criminal "El Clan Rotela". Destacamos que el Estado de Derecho debe prevalecer conforme a la Constitución Nacional.

El uso de la fuerza, enmarcado en la proporcionalidad y respaldado por la jurisdicción, es crucial para contrarrestar el crimen organizado. La Defensoría velará por el cumplimiento irrestricto de los protocolos de derechos humanos en las operaciones de las fuerzas del orden, buscando reinstaurar el orden en concordancia con la legalidad.

Ya en abril, advertimos sobre la volátil situación en el penal y la necesidad de abordarla para salvaguardar la seguridad de las personas. Lamentamos profundamente la pérdida del Suboficial Aydte. Martín Mendoza y de los reclusos, solidarizándonos con sus familias en este difícil momento.

Condenamos enérgicamente a los responsables de estas tragedias y al crimen organizado, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y la reinstauración de un orden que garantice la seguridad de todos los ciudadanos.