El Consejo de Derechos Humanos de la ONU difundió un conjunto de recomendaciones clave para el Paraguay entre los que se encuentran las realizadas por la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo del Paraguay (DP-PY) participó activamente del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), además de otras instituciones.
En el marco de este mecanismo —que evalúa periódicamente el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos de los Estados miembros de la ONU—, la DP-PY presentó su informe particular exhaustivo que resume los avances, desafíos persistentes y recomendaciones específicas al Estado paraguayo en diversas áreas críticas.
Un hito significativo para este proceso fue la recuperación, en 2025, de la acreditación de categoría «A» ante el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), que reconoce la plena conformidad de la institución con los Principios de París en materia de independencia, pluralismo y eficacia.
Principales recomendaciones al Estado paraguayo
El informe elevado por la DP-PY abarca un amplio espectro temático, entre ellos:
La DP-PY recomendó asegurar que las entidades estatales actuaran conforme a la ley y en beneficio del interés público, en seguimiento a la Ley 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, que permitía al Estado demandar a los servidores públicos que actuaran irregularmente. Asimismo, urgió fortalecer el mecanismo de indemnización a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.
La DP-PY expresó preocupación por la Ley N° 7363/64 de Control, Transparencia y Rendición de Cuentas de las Organizaciones sin Fines de Lucro, señalando que sus requisitos y procedimientos restringen el ejercicio del derecho de asociación, e instó a ajustarla a los principios de necesidad y proporcionalidad conforme a los estándares internacionales.
Se recomendó priorizar la aprobación de un proyecto de ley de protección de periodistas, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos, garantizando un proceso legislativo participativo y la asignación de recursos.
Ante la baja inversión pública en el sector, la DP-PY recomendó adecuar el presupuesto de salud a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, equivalente al 6% del Producto Interno Bruto, y establecer políticas públicas eficaces que garanticen el acceso universal a tratamientos e insumos.
Sobre el EPU
El EPU constituye una instancia fundamental de transparencia y diálogo entre el Estado paraguayo, la sociedad civil y la comunidad internacional. La participación de la Defensoría del Pueblo como institución nacional de derechos humanos acreditada garantiza una voz independiente que refleja la situación real de los derechos de las personas en el país.
El informe completo se encuentra disponible en el portal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH): https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g26/019/70/pdf/g2601970.pdf
