Entre mayo de 2025 y agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo promovió 1.438 acciones de amparo constitucional, principalmente con el objetivo de garantizar el acceso a medicamentos de personas con distintos cuadros médicos

El amparo constitucional constituye una de las herramientas previstas por el ordenamiento jurídico para brindar una respuesta rápida ante situaciones en las que derechos fundamentales se encuentran amenazados o vulnerados, especialmente cuando está en riesgo el derecho a la salud.
 
De acuerdo con los registros de gestión, se promovieron:
•             888 amparos constitucionales entre mayo y diciembre de 2025.
•             550 amparos constitucionales entre enero y agosto de 2026.
En total, durante los 16 meses comprendidos entre mayo de 2025 y agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo impulsó 1.438 acciones de amparo constitucional vinculadas al acceso a medicamentos.
 
Origen del amparo

La acción de amparo constituye una garantía constitucional destinada a proteger de manera rápida y efectiva los derechos fundamentales de las personas cuando estos se encuentran vulnerados o amenazados.
En el ámbito de la salud, la herramienta adquiere especial relevancia cuando se encuentran comprometidos derechos fundamentales como la vida, la integridad y el acceso a la salud.

Cuando una persona requiere un medicamento, insumo, tratamiento, procedimiento o estudio médico que no está siendo proporcionado de manera oportuna por el sistema público de salud, y dicha situación puede generar un riesgo para su salud o su vida, la Defensoría del Pueblo analiza el caso basándose en la documentación presentada por el recurrente como los informes, diagnósticos médicos y las indicaciones del profesional médico tratante, para iniciar el amparo.
 
Es importante destacar que desde este año, se estableció que los amparos promovidos se realizan basados en la denominación o compuesto del medicamento -no por la marca- así como en el caso de los insumos médicos. 
 
La gestión de estos amparos forma parte de las acciones desarrolladas por la Defensoría del Pueblo para facilitar el acceso a mecanismos de protección de derechos, especialmente en situaciones que requieren una respuesta institucional y judicial oportuna..