En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la institución reafirma su compromiso de velar por los derechos de la niñez y adolescencia, apoyando acciones interinstitucionales firmes y la implementación de políticas públicas clave.
Asunción, 12 junio de 2026. En el marco de las conmemoraciones por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se recuerda este 12 de junio, la Defensoría del Pueblo alinea sus esfuerzos con la comunidad nacional e internacional bajo el lema global: ¡Tarjeta roja al trabajo infantil!
La Defensora del Pueblo Adjunta, Abg. Natalia Sosa, participó activamente de la última reunión ordinaria de la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente (CONAETI). En dicho encuentro, liderado por la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, se presentaron los avances y los lineamientos de la Estrategia Nacional contra el Trabajo Infantil 2026-2030.
A pesar de los avances logrados a nivel global desde el año 2000, las estimaciones de la OIT y UNICEF en 2024 encendieron las alarmas: 138 millones de niños siguen en situación de trabajo infantil en el mundo, y cerca de 54 millones realizan labores peligrosas. Ante esto, la cumbre mundial de Marrakech celebrada en febrero de este año ratificó que la eliminación de esta problemática debe ser una prioridad absoluta más allá de 2030.
Paraguay responde a este llamado sumándose formalmente a la campaña “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil”. Esta iniciativa busca aprovechar la coyuntura de eventos clave de junio y julio de 2026 —incluyendo el torneo mundial de fútbol— para visibilizar la lucha y exigir educación de calidad, protección social universal y trabajo decente para los adultos.
Desde la Defensoría del Pueblo se resalta que el combate al trabajo infantil requiere de un blindaje social integral. En ese sentido, se valoró el impacto positivo de programas estratégicos vigentes en el país:
Haciendo eco a la CONAETI, la Defensoría del Pueblo insta a todas las instituciones del Estado, al sector empleador, a las organizaciones de trabajadores y a la sociedad civil a convertirse en fiscalizadores activos de los derechos de la infancia.
