NOTICIAS

Ante la medida de fuerza instalada frente a la sede de la Defensoría del Pueblo, la institución considera necesario señalar y reafirmar lo siguiente:

• La Defensoría del Pueblo NO requiere gestores para tramitar expedientes.
Las gestiones ante la Defensoría son 100% gratuitas y contamos con un equipo técnico especializado para orientar a las víctimas de la dictadura. No se necesitan abogados ni gestores. En caso de que una persona desee ser representada, debe presentar una autorización certificada por escribanía o juzgado, conforme a la ley. Detectamos que muchas de las personas que hoy se manifiestan lo hacen en calidad de gestores que lucran con trámites que son gratuitos.

• Los delitos de lesa humanidad NO prescriben.
Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Nacional, y, el art. 1 inciso b) de la Ley N.º 3458/08 QUE APRUEBA LA CONVENCIÓN SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS CRÍMENES DE GUERRA Y DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. En ese sentido, es absolutamente falso afirmar que los expedientes vinculados a víctimas de la dictadura estén siendo abandonados o desechados por prescripción. Los expedientes pueden eventualmente caducar pero por inactividad de los solicitantes o sus representantes.

• Cada expediente sigue un proceso técnico y legal.
El hecho de la apertura de un expediente no implica su aprobación automática. Para ser admitido, deben cumplirse criterios objetivos, como: • Que existan antecedentes documentales claros del hecho. • Que se pueda probar una afectación durante la dictadura. • Que la persona no haya sido indemnizada por el mismo hecho.

• Rechazamos la manipulación y la violencia.
Nos preocupa profundamente que entre los manifestantes se encuentren personas con antecedentes. Además, es importante recordar que esta medida de fuerza inició el 30 de julio por la mañana, prosiguiendo con actos de hostigamiento vandálicos nocturno, frente a la residencia del Defensor del Pueblo, continuando hasta la fecha frente al edificio central, bloqueando parcialmente los accesos. Reiteramos nuestro respeto por el derecho a la protesta pacífica, pero también nuestra obligación de garantizar que los ciudadanos —en su mayoría de la tercera edad, con discapacidad, víctimas de la mafia de los pagarés, o en situaciones de extrema vulnerabilidad como enfermos oncológicos — puedan ingresar a nuestra institución y recibir asistencia de manera digna y segura.

• No hubo intención de diálogo por parte de los manifestantes.
La Defensoría intentó en dos ocasiones entablar diálogo con los manifestantes, pero no hubo apertura. Por el contrario, se ubicaron frente a los accesos, hostigaron a funcionarios e intimidaron a los ciudadanos, vulnerando el principio de convivencia democrática. En este contexto, se solicitó la presencia de la Policía Nacional, exclusivamente para resguardar el acceso al edificio.

• Nuestro compromiso sigue firme.
La Defensoría del Pueblo seguirá trabajando con firmeza, transparencia y orden. Exhortamos a las verdaderas víctimas de la dictadura a acercarse directamente a la institución, sin intermediarios. Aquí recibirán la atención que merecen, en condiciones de respeto, dignidad y legalidad. No permitiremos que se utilice el dolor histórico del pueblo paraguayo como herramienta de lucro personal. La memoria y los derechos de las víctimas merecen justicia, no oportunismo.