La figura de Ombudsman o Defensor del Pueblo fue creada en la República del Paraguay en 1992, a través de la Constitución Nacional, poco más de dos años después de la caída de la dictadura de 35 años del Gral. Alfredo Stroessner (1954-1989), derrocado mediante un golpe de Estado que dio inicio a la transición hacia la democracia.
El 14 de noviembre de 1995 se dictó la Ley N° 631 "Orgánica de la Defensoría del Pueblo" para definir el funcionamiento de la institución delimitando la estructura organizacional, atribuciones, procedimientos y régimen administrativo; y en 1996, la Ley N° 838 "Que indemniza a víctimas de violaciones de Derechos Humanos durante la Dictadura de 1954 a 1989".
El 11 de octubre del 2001, mediante la resolución Nº 768/2001 de la Cámara de Diputados, fue designado el primer Defensor del Pueblo del Paraguay, nueve años después de que la nueva Constitución creara la institución. Por diversos motivos, la segunda designación llegó recién en octubre del 2016.
Según lo establece el art. 276 de la Constitución Nacional del Paraguay, el Defensor del Pueblo es un comisionado parlamentario que goza de autonomía, cuya tres funciones son:
1- Defensa de los derechos humanos.
2- La canalización de los reclamos populares.
3- La protección de los intereses comunitarios.

Como en otros países, la Defensoría es la institución encargada de velar por los Derechos Humanos de las personas, principalmente ante los abusos (o falta de control) cometidos por el Estado, órganos privados que presten servicios públicos, o por funcionarios públicos en contra de particulares o colectivos dentro del territorio nacional.
Pueden recurrir o solicitar ayuda a la Defensoría "todas las personas sin importar su nacionalidad, edad y residencia, sin restricción alguna y sin necesidad de agotar instancias previas" (art. 13.° de la Ley N.° 631/95).
En el año 2022, en una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aceptó la renuncia presentada por el Abg., al cargo de defensor del pueblo; y, seguidamente, tomó juramento de rigor al Abg. Mag. Rafael Luis Ávila, como nuevo titular. Esto a raíz de una serie de denuncias por mal desempeño de funciones.
Acto seguido, el Congreso, inmediatamente procedió a convocar al defensor adjunto Abg. Rafael Luis Ávila, para prestar juramento ante el plenario y asumir como nuevo defensor del Pueblo. Solicitando tomar el camino del cumplimiento y la reivindicación institucional. Finalmente, la nueva autoridad se compromete a la renovación Institucional, a fin de fortalecer y potenciar a la Defensoría del Pueblo de la República del Paraguay.